El mes de noviembre que termina se va con un importante paso dentro de esa corta carrera de cuatro meses que separa al Gobierno y a las FARC del próximo 23 de marzo, fecha que ambos acordaron como límite para firmar el histórico acuerdo de paz.

El trascendental avance –que le da un espaldarazo a la armonía de las partes en el proceso– sucedió en dos domingos: el primero de ellos fue el 15 de noviembre, cuando, en un comunicado, las FARC pidió al Gobierno la liberación de 81 guerrilleros presos en las cárceles colombianas que se encuentran en “delicado estado de salud”.

La solicitud de la delegación de las FARC ya había sido abonada en días anteriores por una huelga que comenzaron los guerrilleros presos en la cárcel La Picota, en Bogotá, “hasta tanto el Gobierno Nacional libere como gesto recíproco de paz a nuestros compañeros y compañeras en grave estado de salud, lisiados y heridos de guerra”.

Las solicitudes surtieron sus efectos, pues una semana después, al siguiente domingo, el Gobierno Nacional anunció el indulto a 30 guerrilleros de las FARC que se encuentran presos en distintas cárceles del país.

Aunque no se conocieron detalles puntuales de las liberaciones, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se encargó de precisar que los guerrilleros que serán indultados no tienen condenas –ni investigaciones- por crímenes de lesa humanidad, genocidio, ni crímenes de guerra, sino que hayan sido condenados únicamente por el delito de rebelión y delitos conexos (utilización ilegal de uniformes, o porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas).

Así mismo, la Casa de Nariño dejó abierta la puerta a próximas liberaciones, con el anuncio de adecuar patios especiales en las cárceles “a los que serán trasladados los miembros de las FARC detenidos o condenados, para facilitar el estudio de su situación jurídica como una medida de preparación para su futura reintegración a la vida civil”.  

¿Decisión apresurada?

Aunque para los ciudadanos del común que siguen el proceso de paz a través de los pronunciamientos, este pudo haber sido una decisión apresurada producto de la presión de las FARC, lo cierto es que de este tema se viene hablando en La Habana hace por lo menos dos años, por lo que se esperaba que en algún momento se diera a conocer una decisión así.

Además, esta acción del Gobierno cayó bien en la opinión pública, que la interpretó como un gesto de confianza en medio de un proceso que se encuentra en su recta final, y en donde dar de su parte de manera unilateral da muestras de que, en realidad, hay una luz para concretar la paz.

El cuestionamiento a los indultos

Con la decisión del Gobierno vino la consabida crítica proveniente del expresidente Álvaro Uribe, opositor natural del proceso de paz, quien se opuso vehementemente, pese a que, paradójicamente, Uribe concedió 358 indultos a guerrilleros de las FARC y el ELN durante su mandato, mientras que el presidente Santos ni siquiera ha llegado a 50.

La crítica de Uribe es, básicamente, de forma. Según el expresidente, mientras que sus indultos se justificaron en la Ley de Justicia y Paz, los de Santos “no están cobijados por ninguna ley”, por lo que serían ilegales.

Sobre estas críticas, el Gobierno se defiende con el argumento de que sustenta sus decisiones de indulto en virtud del artículo 50 de la Ley 419 de 1997.

De otro lado, Uribe recuerda que con estos indultos, el guerrillero Rodrigo Granda le ‘mamó gallo’ a este procedimiento, cuando salió liberado por gestiones del entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien lo solicitó para agilizar la liberación de Ingrid Betancourt y, una vez obtuvo la liberación, regresó a las filas de las FARC, requisito que no pueden quebrantar las personas indultadas.

Lo cierto es que –quizás sin quererlo–, el indulto de estos guerrilleros constituye un anticipado ejemplo de lo que veremos los colombianos en el posconflicto: la liberación de guerrilleros que, ya no saldrán de cárceles, sino de las filas armadas de la insurgencia, para reincorporarse, como cualquier ciudadano común y corriente, nuevamente a la sociedad.